Como diputado provincial y ciudadano de Mendoza, me presento ante el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) para expresar mi absoluto rechazo al ajuste tarifario propuesto por AySAM S.A. para el año 2025. Este aumento no solo carece de fundamentos claros, sino que también refleja una alarmante falta de transparencia y un desprecio hacia los derechos de los usuarios mendocinos.
Desde hace años, vengo exigiendo que la empresa concesionaria y el organismo regulador brinden información adecuada y veraz sobre la gestión del servicio de agua potable y saneamiento. Sin embargo, nos encontramos nuevamente ante una audiencia pública donde la falta de rendición de cuentas y la ausencia de auditorías externas son la norma.
Exigencias para una Gestión Responsable Rendición de cuentas y auditorías externas: AySAM S.A. y el EPAS deben presentar un informe detallado sobre el uso de los fondos administrados, especialmente durante los períodos de emergencia económica.
Implementación de una tarifa social: propongo establecer una tarifa social que beneficie a los sectores más vulnerables, garantizando el acceso universal al agua potable y al saneamiento.
Transparencia en los costos y las inversiones: debe publicarse un desglose de costos por zona, un análisis técnico de la crisis hídrica y los detalles del cuadro tarifario diferenciado.
Atención al caso del Barrio Las Viñas: no podemos ignorar la grave situación de sus habitantes, quienes aún enfrentan dificultades para acceder al agua potable.
Participación ciudadana inclusiva: propongo que las audiencias públicas se realicen en diferentes departamentos de la provincia y que sean grabadas y difundidas.
Por una Gestión Digna y Transparente del Agua El agua es un derecho humano fundamental, y su acceso no puede estar condicionado por intereses económicos ni por decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía. Mendoza enfrenta una crisis hídrica que requiere una gestión estratégica, eficiente y transparente.
Mi compromiso es con los mendocinos, y seguiré trabajando para garantizar que el agua potable y el saneamiento sean accesibles para todos, especialmente para los sectores más vulnerables.
Mendoza merece un futuro donde el acceso al agua sea un derecho garantizado, no un privilegio.