1. Contexto del Desalojo El Barrio Aeroclub, ubicado en el departamento de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, ha sido objeto de un proceso judicial de desalojo que afecta a numerosas familias que allí residen. Este barrio ha sido reconocido como barrio popular e incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), conforme al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 358/2017.
2. Defensores de las Familias Ante la amenaza de desalojo, las familias del Barrio Aeroclub buscaron defensa legal para frenar el proceso. A través de la intervención de un equipo legal encabezado por el abogado José Luis Ramón, se logró argumentar que el desalojo era incompatible con la normativa vigente que protege a los barrios populares.
3. Marco Legal de Protección La Ley 27.453, junto con su modificación por la Ley 27.694, establece que las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de bienes inmuebles incluidos en el RENABAP deben ser suspendidas por un plazo de diez años a partir de la vigencia de la ley.
4. Resolución del 21 de Octubre de 2023 El tribunal reconoció la condición de barrio popular y la normativa de orden público aplicable. Se resolvió suspender el lanzamiento ordenado anteriormente, permitiendo a los residentes continuar viviendo en sus hogares mientras se realiza el proceso de regularización.
Intervención del Ministerio Público Fiscal El tribunal determinó que, por la naturaleza del planteo y la invocación de leyes de orden público, se debía dar intervención al Ministerio Público Fiscal para evaluar la aplicabilidad de la normativa y la competencia del tribunal.
5. Observaciones y Argumentos Adicionales Las familias representadas por el abogado José Luis Ramón presentaron observaciones, argumentando que las leyes aplicables no solo son de interés público, sino de aplicación obligatoria y no susceptible de negociación.
6. Perspectivas Futuras El futuro del Barrio Aeroclub dependerá de cómo se implemente la normativa de regularización y qué decisiones se tomen en relación con la competencia del tribunal. Las familias cuentan con una base sólida para defender su derecho a permanecer en el barrio y continuar el proceso de integración socio-urbana.
