En estos días, he sentido la necesidad de expresar mi profunda preocupación por la situación actual de los servicios públicos en Mendoza, en especial por el impacto que los aumentos desmedidos de las tarifas están teniendo en la vida diaria de nuestros ciudadanos.
El reciente anuncio del Gobierno de Mendoza sobre el aumento de las tarifas eléctricas, que subirán en promedio un 7% a partir de este mes, es una medida que golpea directamente a los hogares mendocinos. Estas resoluciones no son más que una continuación de una política que ha permitido a ciertos grupos empresariales beneficiarse a expensas de los consumidores.
Cuando hablamos de consumidores, no estamos hablando solo de cifras o estadísticas. Estamos hablando de nuestras casas, nuestros barrios y la vida cotidiana de la gente común. Es un tema sensible que afecta a todos, especialmente en un contexto donde la economía de muchas familias ya está al límite.
Este incremento no es un hecho aislado ni casual. Los dueños de las empresas eléctricas en Mendoza, nombres conocidos como José Luis Manzano y Daniel Vila, han logrado, con el apoyo de los últimos gobiernos provinciales, incrementar el valor de la tarifa eléctrica de manera exorbitante.
La situación con el gas no es muy diferente. En los años 90, durante el proceso de privatización de los hidrocarburos, un pequeño grupo de empresarios se hizo con el control de las cuencas gasíferas. Desde entonces, estos pocos han manejado a su antojo la producción y los precios.
Es evidente que el aumento de las tarifas no es algo que podamos ignorar. Basta comparar la última boleta de servicios con la del año anterior para notar el impacto. Sin embargo, lo más preocupante es la falta de herramientas para enfrentar esta situación.
Es hora de que comencemos a hablar de estas realidades con seriedad y determinación, sin dejarnos desviar por temas secundarios. Los ciudadanos de Mendoza merecen un gobierno que priorice sus necesidades por encima de los intereses de unos pocos.