El proyecto de ley que tenemos para votación hoy, sale del trabajo
conjunto entre todos los bloques de la oposición que hemos trabajado
en conjunto para lograr una propuesta que tiene dos objetivos claros
en vista: proteger a las PYMES y a los Consumidores.
A pesar de los repetidos intentos de discusión con el bloque del
oficialismo, fue imposible alcanzar acuerdos mínimos.
Esto no es casual, y nos llevó a tener dos propuestas tan distintas:
porque tenemos dos visiones muy distintas que en estos temas son
casi imposibles de unificar.
Para el oficialismo actual, este proyecto es un problema, mientras
que, para el resto, esto es una necesidad de hace mucho.
Tenemos que trabajar en estudiar las cadenas de comercialización,
optimizar los costos, controlar los abusos y fomentar a las PYMES para
lograr competencia real. No podemos dejar librada a las grandes empresas
el orden del mercado: eso no funciona así en ningún lugar del mundo.
Es un liberalismo tercermundista que estamos cansados de escuchar
una y otra vez. El estado tiene que estar presente de forma inteligente y
dejando espacio para todos los jugadores y no únicamente para los que
puedan de por sí pisarle la cabeza a los demás.
Estoy cansado de escuchar como se habla de las PYMES pero a la
hora de protegerlas, todo es súbitamente difícil y mejor no controlar
o hacer nada. De los consumidores, poco y nada hemos escuchado de
estos grupos. Para ellos, los consumidores no son sujetos de derecho,
son ejes del mercado al que le encajamos productos y servicios. No
personas, si no un mero pasamanos.
Pero a pesar de las trabas de una gran parte del oficialismo (no de
todos, eso tenemos que reconocerlo, porque hay diputados de esa
bancada que comprenden con claridad la necesidad de avanzar en
un estado inteligente y no ausente), este proyecto es una obligación
que nos pusimos nosotros mismos. Recuerden que venimos a cumplir
con el deber que la ley de Defensa de la Competencia 27.442 puso en
el artículo 87 y 88 en cabeza del ejecutivo (que no cumplió) y que no
podemos seguir posponiendo.
En las condiciones actuales de nuestra República resulta
imprescindible tomar medidas que protejan tanto al pequeño
empresario como al consumidor. La grave escalada inflacionaria que
afecta los mercados implica una merma en el consumo, por lo tanto,
en este proyecto proponemos medidas concretas tendientes a facilitar
al micro y pequeño proveedor el ingreso a grandes supermercados,
sin condiciones leoninas que le coarten su derecho a expandirse
en el mercado. Por otra parte, las medidas propuestas facilitarán
al consumidor el acceso a todo el abanico de productos existentes
de similares características, pudiendo concentrarse en un pequeño
espacio para poder decidir su mejor opción sin tener que concurrir a
distintos establecimientos en búsqueda de diferentes ofertas.
No podemos dejar relegadas a las economías populares a los
medios más lejanos y difíciles: tenemos que ayudar a este sector y
al de las pymes a poder acceder a todos los canales de distribución.
No todos los consumidores pueden dedicar el tiempo extra que
los demás canales de distribución implican (aun cuando muchos
lo hacen). Tenemos que darles a estos productores, todas las
oportunidades para que puedan competir, crecer y tecnificarse. Pero
mientras que no impongamos reglas de juego justas, los fuertes van a
seguir acaparando los mostradores y los distribuidores van a preferir
manejarse con menos proveedores, a costa del trabajo y economía
de cientos de miles de PYMES y consumidores de todo tipo.
En este sentido, el proyecto deja reglas claras y se inclina sin
dudas a favor de los que tienen preferencia en nuestro sistema. Es
un proyecto incómodo para las grandes empresas sin dudas, por eso
siempre ha tenido resistencias.
Esta ley que estamos proponiendo, es una apuesta por un mercado
minorista mucho más transversal, con oportunidades para todos. Y
tiene dos obligados fuertes: el estado mismo y las empresas grandes.
El estado tiene que hacer un esfuerzo en mejorar enormemente
sus sistemas de control. Necesitamos ir a una agencia nacional de
protección de los consumidores, no podemos seguir esperando a que
un puñado de inspectores controles a cientos de miles de comercios
de todo el país: nos falta información clara y nos falta mucho más,
fuerza para imponer las sanciones y controles que hagan efectiva la
ley. En esto, las asociaciones de defensa del consumidor de todo el
país nos pueden ayudar, pero necesitamos un ente autárquico, fuerte
y con potestades suficientes.
A las grandes empresas, les cabe ahora la obligación de adaptarse
a reglas de juego mas accesibles, a trabajar con sus proveedores
en lugar de apretarlos para cumplir, a tomar pasos decididos para
trabajar con sus cadenas de distribución de una manera inteligente y
democrática. Tenemos que terminar con esta costumbre de apretar
al mas pequeño, porque ese pequeño tiene que crecer en Argentina,
necesitamos muchas más grandes empresas, y no siempre las mismas.
Esta diferencia de visión que es tan clara en los dos textos (el
acordado entre la oposición y el del oficialismo) que tiene impacto en
la mayoría de los temas de forma muy evidente.
Quiero repasar para que se comprenda como una visión liberal
muy simplificada, que cree que el mercado se va a acomodar solo
y por si mismo, se choca de bruces con la realidad del mercado
moderno argentino altamente concentrado, y confronta con una
visión en donde los jugadores intentan obtener las ventajas que
el estado les permite y que pueden imponer a sus competidores,
forzando al estado a poner reglas claras de juego que beneficien a
quienes no pueden imponerse por sí mismo.
La primera diferencia obvia entre las dos propuestas, la tenemos
en la obligatoriedad de lo que se propone: la propuesta oficial es un
mar de generalidades con pocas cosas claras. Mucha buena intención
y pocas respuestas en serio. La propuesta que acordamos es clara en
las obligaciones de las partes.
El primer lugar en donde se ve esto, es en el espacio máximo
en góndolas. Nosotros proponemos con claridad un lugar máximo
por proveedor (30% por proveedor o grupo económico), asegurar
la variedad (no menos de 5 proveedores) y un espacio para los
productos de la agricultura familiar, campesina e indígena y de las
mutuales y cooperativas (no menos del 5%) y las PYMES (25%).
Sumado a esto, se establece que los productos más baratos tengan
que estar a la mejor altura, evitando así que se escondan aquellos
más competitivos y que más favorecen a los consumidores.
De igual manera, venimos a proponer una regulación de los
mostradores al lado de la caja, saliendo de la pelea e imposición que
se da actualmente, y pasando a un lugar de fomento claro a las PYMES.
Con estas tres medidas centrales, generamos un cambio enorme
en el estado actual.
La propuesta oficial es únicamente la referida a la altura en góndola,
olvidándose del enorme grado de concentración de los productos
expuestos en góndolas en la argentina. En cuanto a la participación,
la deja librada al mercado y a las “prácticas comerciales habituales”.
Conocemos a la perfección las “prácticas comerciales habituales” por
eso estamos aquí legislando otra cosa.
Otra enorme diferencia, es la limitación a productos alimenticios
del proyecto oficial, cuando sabemos todos que hay un serio problema
en mucho más que los alimentos. Por eso la propuesta consensuada
se apoya en la necesidad de regular alimentos, bebidas, de higiene
y limpieza del hogar. Para nada es casual esta diferencia, cuando la
concentración en el mercado de bebidas es notoria, así como en
los productos de higiene y limpieza, en donde muy pocas marcas
acaparan todas las góndolas, a pesar de existir oferta de productos
de todo tipo por parte de productores más pequeños.
Donde más vemos la falta de comprensión de las reglas del
mercado, o la intención de no meterse realmente en el problema,
es en la estructura misma de la propuesta oficial. Allí se propone
imponer la necesidad de un Código de Buenas Prácticas a las grandes
empresas, pero en lugar de establecer el contenido, deja esto librado
a la autoridad de aplicación, con una apertura inexplicable. En lugar
de legislar, damos propuestas abiertas. El texto acordado por los
demás bloques es bien claro en las obligaciones, dando seguridad
jurídica y reglas sobre las que construir, porque con el estado actual
de situación, esperar que una autoridad del ejecutivo genere reglas
fuertes de protección, es no tener interés en resolver el problema
que venimos arrastrando hace años.
Pero hay varias cosas que muestran en serio un interés en resolver
el problema de las pequeñas y medianas empresas del sector y que
también marcan una diferencia.
El texto consensuado propone un techo claro al diferimiento de
los pagos, situación que hoy en día es una herramienta constante y
común de abuso por parte de las cadenas de distribución. El proyecto
del oficialismo se “olvida” del tema.
También se pone un freno a la posibilidad de cambios impuestos
por los fuertes en los contratos, así como la forma escrita para
cualquier modificación, prohíbe forzar al proveedor a entregar
mercadería gratuita y cargar en él las promociones y otros costos.
La propuesta oficial es dejar esto totalmente abierto o no decir
nada, aun cuando es sabido que este es uno de los aspectos que
ponen la bota encima de las PYMES, que no pueden imponer
mejores condiciones contractuales. No regular acá, es regular a
favor de los fuertes.
Acá hay que ser claros: si queremos favorecer a los pequeños y
medianos proveedores para lograr más competencia, transparencia
y mejores precios y calidades para los consumidores, entonces hay
que poner obligaciones simples y efectivas. No puede quedar en
manos de los fuertes regularse, ni podemos creer que en una mesa
de negociación, ambas partes van a llegar a acuerdos justos. Esto es
no entender el mercado, o hacerse el sonso.
La propuesta unificada entiende esto y toma decisiones que favorecen
a las PYMES, a la agricultura familiar, campesina e indígena, a los sectores
de la economía popular y Consumidores, dos sectores centrales si
queremos luchar contra la inflación, generar trabajo genuino, lograr un
mercado justo y mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Por todo esto, desde nuestro bloque vamos a apoyar este proyecto
y todos los proyectos que busquen estos mismos objetivos.